El reparo

El actual portavoz del PP, exalcalde de la ciudad de Alcalá, Javier Bello, deberá declarar en calidad de imputado en un juzgado de Alcalá de Henares el próximo 20 de octubre a las 11:30 horas.

Para entonces, el juzgado ya dispondrá del informe solicitado al Interventor municipal en el que debe haber informado con detalle sobre los gastos aprobados por las sucesivas juntas de gobierno presididas por Bello y habrá de decir si esos pagos “eran conformes con la Ley de Contratos del Sector Público”, bajo su opinión de funcionario habilitado nacional.

Aseguran algunos que ese informe ya ha sido remitido y que resulta demoledor para el exalcalde. Bastaría con que dijera que esos pagos son considerados irregulares conforme a las leyes que los rigen.

El portavoz del PP de Alcalá, el imputado exalcalde Javier Bello, dio una rueda de prensa en la que valoró los 100 primeros días del gobierno tripartito de PSOE, Somos Alcalá e IU como un “asalto la alcaldía” que, por lo oído, debía ser suya. En esa intervención, fue preguntado por su imputación por los presuntos pagos ilegales que denunció UPyD y respondió:

Me llaman a declarar; es absolutamente normal. Raro es que no haya ido a declarar todavía después de tres años de alcalde. La imputación es una imputación política, se lo digo claramente. Es el empeño… lo que pasa es que les salió mal. Ellos estaban deseando que esta imputación saliera en la campaña electoral. Y, claro, como candidato imputado ¡aahhhh! a degüello. Inocente, la palabra inocente es que sobra porque es que lo soy. Se han aprobado cosas con reparos pero el reparo es una figura administrativa. Lo único que hace el Interventor es advertir que o la cantidad o que hay un exceso pero, en ningún momento, el reparo es una ilegalidad ni ningún delito.Estas declaraciones han sido recogidas del resumen informativo de Ser Henares del 22 de septiembre.

Según las mismas, Bello valora que la providencia del juzgado que le cita para que acuda a declarar como imputado supone una “imputación política”. ¿Quiere decir que la jueza del juzgado de instrucción número 6 de Alcalá ha tomado en sede judicial una decisión política y no judicial al decidir su imputación? No es un tema baladí que el propio testigo valore que su llamada a declarar no responde a una iniciativa de carácter judicial sino política. Parece que quiere decir que tenemos jueces que actúan por motivaciones políticas y no judiciales. Se trata de una acusación muy fuerte que debería aclarar.

Eso de que «la palabra inocente sobra porque lo soy»… Pues, hombre, si lo es será que precisamente esa palabra no sobra. Bueno, “no le pidas peras al olmo”

Finalmente, emite su experta opinión sobre los “reparos” del Interventor. Asegura que es una figura administrativa, que solo advierte de la cantidad pero que no implica ilegalidad ni ningún delito. Vamos, que es una especie de tontería que se ocurre decir al Interventor de algunos pagos aprobados pero que no tiene la menor importancia.

Si esto es así, ¿por qué el Tribunal de Cuentas observó indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa?, ¿por qué la fiscalía ha valorado en el mismo sentido y ha promovido la apertura de una causa en un juzgado de Alcalá?, ¿por qué un juzgado le llama a declarar como imputado? Todo esto por una figura administrativa que se le ha ocurrido al Interventor… ¡qué cosas! Por otro lado, todo lo que se hace en las Administraciones Públicas son “figuras administrativas”, ¡no te digo!

Y eso de que “el reparo no es una ilegalidad ni ningún delito”… vamos a ver. El “reparo” es un informe en el que el Interventor valora que al aprobar un determinado pago se puede estar cometiendo una ilegalidad. Será el juez que lo dictamine pero, parece evidente, que el “reparo” funciona como advertencia que debería ser tomada en cuenta.

El actual portavoz ha decidido defenderse públicamente del incontrovertible hecho de que se encuentra imputado en una causa de naturaleza penal que va a examinar la legalidad de los pagos aprobados por su Junta de Gobierno, que fueron “marcados” por el Interventor, con textos como el siguiente:

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 17-02-14 en el que se hace constar que sin perjuicio de que cuenta con consignación presupuestaria suficiente se formula REPARO DE INTERVENCIÓN dado que:
– El importe acumulado supera al previsto en el Art. 138.3 del TRLCSP sin que conste la tramitación de un procedimiento público de licitación, o sin que se justifique debidamente la no procedencia del mismo.

– No consta la previa autorización ni compromiso de dicho gasto ni su fiscalización previa.
En virtud de lo anterior y dado que existe crédito adecuado y suficiente y no es un gasto competencia del Pleno, puede proceder a tramitarse dicho expediente por la Junta de Gobierno Local de fecha, con la correspondiente convalidación en atención a lo regulado en el Art. 38.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2013, sin perjuicio de que se cumpla con el trámite previsto en el Art. 218 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar la Propuesta presentada, que supone la Autorización de gasto, su compromiso, el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, con las consideraciones indicadas por la Intervención Municipal.

Notifíquese a la Empresa citada, comuníquese a la Alcaldía- Presidencia y pase a Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Acta de la Junta de Gobierno del 17 de febrero de 2014

Así que vamos a acudir a las leyes que el Interventor menciona. El 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que todo eso significa TRLCSP, dice lo siguiente:

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

Artículo 138.3 del TRLCSP

Si no me equivoco, lo primer que quiere advertir el Interventor en su “reparo” es que el pago vulnera un artículo de la ley de contratos del Sector Público porque supera el límite del “contrato menor”. De hecho el ejemplo que he tomado al azar es un pago de 79.618 € a un medio local, lo que supera en varias veces el límite de 18.000 € marcado por la ley.

Además, advierte el Interventor que, al haber superado los límites de contrato menor, él ha comprobado que no ha existido ni un concurso público de licitación del servicio pagado ni tampoco se ha justificado la procedencia del propio pago. También nos dice el Interventor que no existe una autorización previa del gasto ni su fiscalización.

Yo no sé qué pensarán ustedes pero si esto es una “figura administrativa” que no señala ninguna ilegalidad pues… no sé. Debe ser que no entiendo yo bien las cosas.

Así que me he ido a preguntar a ‘San Google’ a ver que me puede decir de los “reparos” de Intervención. He encontrado un artículo interesante con el título Los informes de reparos. ¿Qué son?”; parece que aquí puede venir algo. Además, me da pistas sobre las leyes que lo regulan.

Un párrafo muy descriptivo y sencillo los define así:

El reparo es un escrito que las personas (funcionarios) del servicio de control interno (normalmente servicio de intervención o servicio de fiscalización) emiten cuando están en desacuerdo con el fondo o con la forma en que otras áreas de la administración pública ha realizado un acto administrativo (mayoritariamente, un gasto). En muchos casos este informe hace que la tramitación del expediente se detenga hasta que se resuelva el conflicto puesto de relieve. Suele ser un procedimiento interno.

Esta exigencia de control que hace la legislación pretende garantizar al ciudadano que los recursos que se le han detraído en el análisis económico al que he hecho referencia antes se utilizan de la forma más eficiente posible y cumpliendo las normas vigentes.

Los informes de reparos

O sea que sí, parece que se trata de una “figura administrativa” como nos decía el imputado Bello. Lo que ocurre es que el desacuerdo que el Interventor emite se produce como consecuencia de que el gasto no se realiza cumpliendo las normas vigentes, en opinión del Interventor. Vamos que el “reparo” es porque el Interventor cree que no se cumple una ley. Lo deja claro en cada reparo que emite el habilitado nacional. Si el Interventor cree que esos pagos son irregulares y el exalcalde no, pues que venga un juez y valore si se ha actuado en contra o conforme a la ley.

Los reparos vienen definidos legalmente por el TRLRHL que es, ni más ni menos, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aquí aprendemos que el Interventor está obligado a emitir este tipo de informes cuando “se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados”. Es decir, que el Interventor no está de acuerdo con esos pagos.

Además, la TRLRHL dice una cosa que no me cuadra (art. 216):

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Art. 216 TRLRHL

Según lo que leo, entiendo que los pagos aprobados con “reparos” deberían haberse suspendido porque, por lo menos, se verifican los puntos b) y c) del artículo. Sospecho que no se ha hecho así pero espero que alguien lo tenga en cuenta y que me saquen de mi error…

El artículo 217 tiene la clave:

1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Art. 217 TRLRHL

Es decir, parece que el alcalde puede tomar una decisión ejecutiva obviando el “reparo”. Advierte que no es una decisión delegable por lo que acumula toda la responsabilidad sobre lo que ocurra después.

En el siguiente artículo se habla de la necesidad de dar cuenta al Pleno de todos los informes de “reparos”. Eso se hizo en el pleno de abril de 2014 (recoge informes del Interventor de 2012 y 2013) y en el pasado pleno de septiembre en el que se dieron cuenta los reparos de 2014. En total, una cifra que debe acercarse a los dos millones de euros.

Pero no nos desviemos mucho porque el principal problema lo encontramos en que esos pagos no cumplen con la TRLCSP; sí, la de los contratos del sector público. En la gran mayoría de “reparos”, sobre todo en lo referido a la publicidad en los medios locales, se advierte que no se trata de contratos menores y que, por tanto, debería haberse realizado un concurso de licitación con todo lo que eso comporta.

En resumen, el Interventor discrepa del fondo o de la forma de decenas de pagos aprobados por la Junta de Gobierno presidida por Javier Bello. El total de esos pagos supera los 1,7 millones de euros, de los cuales 1,32 millones corresponden a publicidad y propaganda pagados a dos medios locales. Todos esos pagos se hicieron sin que hubiera habido un concurso con licitación pública, publicidad, igualdad, transparencia… El Interventor tenía la obligación de advertirlo porque se trata de pagos irregulares y presuntamente ilegales.

Sí, el Interventor utilizó la figura administrativa del “reparo” para advertir de una posible ilegalidad. Lo hizo durante muchos meses. Las advertencias no fueron ni 1, ni 2, ni 3… un total de 60 he podido contar desde abril de 2013 hasta diciembre de 2014. Ahora deberá ser el juez quien dictamine si esas advertencia fueron razonadas y si efectivamente se incumplió la ley como se advierte en los «reparos». Pero todos los demás podemos (y debemos) formarnos una opinión sobre el tema  con las pruebas publicadas en las actas de las Juntas de Gobierno. Tan importante como lo que opine el juez, es lo que cada uno de nosotros podemos opinar sobre semejante método de gestión. Así hacía las cosas el exalcalde Javier Bello ahora imputado. Menos mal que hubo un grupo municipal que decidió que cosas como estas no debían pasar y acudió a la justicia para que no pasasen.

Quizá lo que Bello quiso decir es que el origen de su imputación es una cuestión política. Claro, la de aquellos que creyeron que su forma de actuar no se avenía a las normas y, haciendo uso de sus privilegios políticos, decidieron llevarle a la justicia. La denuncia sí fue política pero la decisión de la jueza del Juzgado Número 6 de Alcalá de Henares de imputarle no es una decisión política, es una decisión estrictamente judicial como consecuencia de las pruebas aportadas, ¿o no, señor Bello?

Para otro día dejaré el análisis de lo que supone que el actual líder del PP (que recordemos sigue siendo el partido más votado en Alcalá) esté imputado y lo esté por lo que lo está.

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4 comments

  1. Jose Maria

    Qué daño está haciendo en un Ayuntamiento como el de Alcalá la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades. El Pleno es una figura decorativa, el alcalde es el reyezuelo y su Junta de Gobierno Local, que se compone de sus esbirros nombrados a dedo y bien amarrados al pesebre, es su obediente lacayo legalizador de cualquier tropelía.
    Ojalá renuncie la actual corporación a ese estatus jurídico y volvamos al régimen común en la administración municipal. Pero no creo que lo hagan, que devuelvan al Pleno su soberanía democrática. No se, ojalá me equivoque.

  2. Comparto totalmente la opinión expresada por José Maria respecto de la Ley de Grandes Ciudades y opino que ese asunto debería ser incluido en una posible Consulta Popular Vinculante junto a otros temas como las remunicipalizaciones de los servicios municipales

  3. Justo

    Esta es la primera parte, que no deja de ser sustanciosa…

    La segunda es que se enfrenta a otra querella criminal por posible participación en un alzamiento de bienes contra la hacienda pública y acreedores, con responsabilidad civil subsidiaria por parte del ayuntamiento.

    El cuento amigos míos no ha acabado.

    Tercera, el aforado, recordemos en proceso de investigación policial, que todavía no ha sido imputado firmemente por su condición, tiene pendiente varias causas. El proceso es lento, pero tendrá sus frutos

  4. Justo

    La cuarta…
    Las responsabilidades civiles y penales de las empresas que hayan participado en un acto que pueda considerarse imputable