Imputado el exalcalde de Alcalá por supuestos pagos irregulares

Exalcalde de Alcalá imputado (I)

Hace más de una semana que Javier Bello, exalcalde de Alcalá y actual presidente del PP de Alcalá y portavoz municipal de su grupo, supo que estaba imputado en el caso judicial derivado de la denuncia realizada por UPyD de pagos presuntamente ilegales aprobados por la Junta de Gobierno que él presidía.

Aparte una nota de prensa del PP asegurando que Bello se encontraba tranquilo y tergiversando la verdad al decir que el caso había sido ya cerrado por el Tribunal de Cuentas, no ha ocurrido nada más. Los partidos de la oposición (no todos) han emitido sus notas lamentando la triste imagen que esta clase de noticias supone para Alcalá de Henares.

La noticia ha pasado con más pena que gloria entre los “principales” medios locales. No ocurre todos los días la imputación de un exalcalde y, lo que es más llamativo, apenas se pueden encontrar artículos que analicen las causas y las consecuencias de una noticia tan destacada. ¿Parece percibirse cierto sentimiento de culpa en esos medios?

Existe una noticia objetiva y después podrán desprenderse de ahí muchas valoraciones. La noticia objetiva es la que se contiene en el primer párrafo de este artículo. Se podría añadir, además, que los cargos a los que podrían enfrentarse el exalcalde están englobados dentro del término genérico de “corrupción política”. Sin embargo, Javier Bello continúa al frente del PP de Alcalá.

La nota del PP asegura que el caso se encontraba ya cerrado por el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, este tribunal no observó existencia de un delito contable (único tipo del que es competente) porque verificaba que los pagos correspondían con servicios realmente prestados. Sin embargo, tal y como difundió UPyD en su día, el mismo tribunal dictaminó “la existencia de hechos en los que se ha omitido, con reiterados informes en contra de la Intervención Municipal, la aplicación del procedimiento de contratación legalmente exigible, lo que puede suponer un supuesto de fraccionamiento de contratos prohibido por la ley, y que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”. Este tribunal, pues, trasladó la documentación a “la Fiscalía Provincial de Madrid para la depuración de tales indicios de responsabilidad penal”. De ahí llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá donde ya existía una denuncia previa por los mismos hechos.

Es decir, el Tribunal de Cuentas no observó delito en su parcela de actuación, sin embargo, sí observó una clara posibilidad de delito de “prevaricación administrativa” por lo que lo derivó por el conducto reglamentario.

Me parece muy bien que el PP nos quiera vender que el exalcalde se encuentra tranquilo y confiado de salir bien de este asunto pero que no intente engañarme respecto a la actuación del Tribunal de Cuentas.

El juzgado responsable de este caso en Alcalá, está investigando la posible comisión de un delito en el caso de las sucesivas aprobaciones, por unanimidad de la Junta de Gobierno, de pagos a pesar de los informes negativos de legalidad emitidos por el Interventor Municipal. Estos pagos hicieron pensar al Tribunal de Cuentas que podría existir un delito penal de prevaricación administrativa y, entiendo, que el juzgado número 6 de Alcalá está investigando esa misma posibilidad.

No es un delito baladí. Se trataría de una de esas figuras penales que se asocia con la corrupción política. Siendo esto así, significaría que el actual portavoz municipal del PP y presidente local del partido que gobernó durante varias legislaturas Alcalá (el PP), se encontraría imputado en un caso que investiga un presunto delito de corrupción. Por lo mismo, en otros casos de políticos en puestos de mayor responsabilidad, se han montado campañas políticas en las que se ha exigido su dimisión y desaparición de la política. Aquí, apenas la oposición ha dicho nada, la prensa apenas ha abierto la boca y, desde luego, el propio partido ha pasado a hurtadillas sobre el tema.

EPtercera

Ranking de lo más leído en Europa Press Madrid

La noticia ha sido la tercera más leída de Europa Press en Madrid durante la semana de su publicación. Además, he podido encontrar más de 30 artículos referidos a la imputación en otros tantos medios de comunicación digital. Es decir, la noticia ha tenido un importante recorrido mediático.

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Extracto de búsqueda en Google

La mayoría de los medios hablan de “presuntos pagos irregulares”. No quiero ser leguleyo pero yo entiendo que lo que se investigan son “presuntos pagos ilegales”. Yo entiendo, aunque no pretendo sentar cátedra en este asunto, que los pagos son irregulares sustancialmente porque cuentan con informes negativos (“reparos”) del Interventor municipal, mientras que el resto de los pagos tiene informes favorables. Esta distinción ya los convierte en irregulares porque lo normal es lo otro. Sin embargo, hablar de que son ilegales ya dependerá de lo que valore el juez. A uno, en opinión muy personal y sin ninguna trascendencia, le parecen pagos ilegales porque el Interventor ha dicho que no cumplían varias leyes pero para que sean efectivamente ilegales, lo tendrá que dictaminar el juez. Así que son “presuntamente ilegales”, por ahora.

Portal Local ha venido publicando artículos, refiriendo a los pagos con “reparos” que iban apareciendo publicados en las actas de las Juntas de Gobierno, desde abril de 2013 hasta diciembre de 2014 y que corresponden a servicios prestados durante 2013 y 2014. En total, salvo error en los cálculos u omisión de algún pago que se haya podido escapar, se han autorizado pagos irregulares (= con “reparos”) por un total de 1.736.311,14 euros (casi 289 millones de las antiguas pesetas). Los datos significativos son los siguientes:

  • Importe total con reparos: 1.736.311,14 €
  • Número de puntos de actas que recogen estos pagos: 67
  • Importe total en publicidad y propaganda: 1.324.240, 24 € (76%)
  • Importe total en otros conceptos: 412,070,90 € (24%)
  • Importe total en 2013: 869.627,54 €
  • Importe total en 2014: 866.683,60 €
  • Número de empresas en gastos de publicidad y propaganda: 3
  • Número de empresas en otros pagos: 7

Alguien podría disculpar un pago con “reparo” por un problema puntual de falta de planificación de un gasto efectivamente realizado. Es decir, ha surgido algo imprevisto, se ha contratado sin publicidad a alguien para hacer algo y se le paga. Las leyes que controlan la actividad de las Administraciones Públicas impiden ese tipo de pagos pero, políticamente, una situación así puede ser disculpable pero ¡hasta 67 pagos irregulares durante un periodo de 2 años! Parece excesivo y denota una de estas dos cosas; o una incompetencia supina por no ser capaz de instrumentalizar procedimientos para cumplir las leyes para la gestión de los pagos que autoriza con “reparos” en 2 años o bien un desprecio total por el cumplimiento de la ley y de las consecuencias que pueda producir.

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1 comment

  1. Frank

    A los pagos irregulares, hay que aplicarle la supuesta participación en un delito de alzamiento de bienes.