Sanidad

No tengo una opinión muy clara sobre la bondad del actual sistema de gestión sanitaria o sobre si hubiese sido mejor el de gestión privada, que proponía el gobierno regional. Lo cierto es que la izquierda hizo bandera en contra de la propuesta de Javier Fernández Lasquetty e Ignacio González, tomó la calle con manifestaciones y protestas y, finalmente, el gobierno regional ha desistido de llevar a cabo ese proceso “privatizador”.

Creo que el sistema actual de Sanidad es mejorable pero no creo que estemos en condiciones de aplicar los recursos que esa mejora necesita. Es decir, “no hay pasta”. Por otro lado, no sé si la gestión privada mejoraría las cosas, seguro que lo abarataría pero si es a costa de perder calidad… pues, ejem, no creo que nos gustara.

Al no tener muy claro si una cosa es mejor que la otra, lo cierto es que no termina de salirme del todo la crítica que quiero hacer a Ignacio González.

La vuelta atrás en la decisión de privatizar la gestión de algunos hospitales y centros de salud está permitiendo, a los partidos de izquierda, reivindicar que esa “rendición” se ha debido a la presión de las manifestaciones en la calle de profesionales y usuarios y, lo cierto, es que la verdad no es esa.

Las denuncias ante los tribunales por las irregularidades del proceso son lo que han tumbado las intenciones originales del gobierno regional del PP. Las manifestaciones han hecho ruido, han unido intenciones, se han utilizado políticamente y, ahora que el objetivo se ha cumplido, pretenden convertirse en el germen reivindicativo que ha permitido alcanzar esa decisión.

La izquierda pretende demostrar que su democracia de manifestaciones y asambleas funciona para lograr sus objetivos. Es decir, se está menospreciando la voluntad general expresada a través de las urnas en las elecciones. Nos guste más o menos, el PP obtuvo mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y gobierna según su entender. Si no nos gusta lo que hacen, habrá que echarlos en las siguientes elecciones.

Pero esa forma reivindicativa y asamblearia de hacer política, que tanto gusta a la izquierda, es enemiga de la democracia que nos hemos dado bajo el imperio de la Ley.

Al gobierno de Ignacio González, cuyo perfil está anulado no sólo por esta gran metedura de pata sino por otras más, habría que pedirle responsabilidades porque su política privatizadora no es capaz de pasar el filtro de la ley representada por los Tribunales de Justicia.

Y, la crítica que quiero hacerle con este artículo es; la retirada de esas medidas está permitiendo a la izquierda reivindicar la utilidad de las algaradas sociales, de las manifestaciones y asambleas como método para hacer política.

Así vamos a romper esta democracia que, por lo visto, es el objetivo de la izquierda radical.

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