Sepultada

Hoy es uno de esos días llenos de noticias. Allá por la medianoche pasada, eldiario.es publicó la “bomba” de un informe de la Guardia Civil que valoraba como real la acusación de Marjaliza, uno de los peces gordos de la corrupta trama Púnica, de que Cofely había pagado una comisión ilegal al ex alcalde de Alcalá, Bartolomé González, para obtener un contrato municipal que después se formalizó, cuando González ya no era alcalde.

La acusación de Marjaliza era vieja. Se dio a conocer durante el verano de 2015. La novedad era que la investigación de la UCO la daba verosimilitud y acercaba al ex alcalde a una imputación (investigación la llaman ahora) judicial. Faltan algunos pasos para llegar a esa imputación porque el aforamiento del que disfruta Bartolomé como diputado regional, puede alargar más el ya de por sí lento caminar de la justicia española. Por ahora, y durante mucho tiempo, Bartolomé González sufre lo que se llama “pena de telediario”. Es decir, aquella que se tiene por el hecho de que todo el mundo juzga a un político por lo que se le investiga como algo realmente producido. La letra pequeña del tema no importa; lo importante es el titular y los que hoy se han publicado condenan. Cuando la justicia resuelva probablemente ya no importará.

Esto ha ocurrido el día siguiente de conocer el “tejemaneje” de la indemnización que hay que pagar a la exinterventora por la ruptura de un contrato de arrendamiento de la que ella era casera. El actual equipo de gobierno no ha querido decir que el contrato fuese ilegal porque, de haberlo hecho más de uno nos habríamos preguntando dónde estaban cuando eran la oposición. La ruptura del contrato fue unilateral y eso propició la sentencia que obliga al pago de la indemnización que, probablemente, se compense con el ahorro que produjo la eliminación del pago de ese alquiler.

Todo esto que ha pasado ha sepultado una noticia muy llamativa de interesante interpretación política. Se trata de la valoración de la PAH del Corredor sobre el acuerdo firmado hace un año con el Ayuntamiento de Alcalá. Los afectados por la hipoteca saltaron a la prensa montando una acampada en la Capilla del Oidor el año pasado. Se retiraron cuando alcanzaron ese acuerdo del que ahora hacen un balance negativo.

Llamativa porque, de alguna manera, viene a poner el gobierno de izquierdas delante de la realidad de la dificultad que supone arreglar los problemas de vivienda de los ciudadanos en la práctica. La PAH es una organización que contó con el apoyo de los partidos que ahora están en el gobierno municipal que, una vez en el poder, no han sido capaces de atender los acuerdos a los que llegaron con la misma organización que, de alguna manera, usaron para hacer oposición al anterior gobierno de derechas. En el pleno del pasado martes hubo un largo debate sobre la aprobación del Reglamento del Consejo Local de Vivienda del que la PAH va a formar parte, a pesar de que formalmente no es una asociación. La primera teniente alcalde defendió la participación de la PAH pero, por lo visto, no ha sido capaz de cumplir con lo acordado con ellos. Según la PAH, están haciendo lo opuesto de lo que se espera de un gobierno de “colegas”.

Está visto que hay suficiente como para repartir para todos, aunque unos tienen mucha más culpa que otros. Por cierto que, entre unos y otros, Alcalá sigue sin levantar cabeza.

Llego (Artículo publicado el 22 de septiembre de 2016 en la App de Portal Local)

Deja un comentario